Unidad nacional, recuperación económica y política ambiental: qué pasó con las 6 primeras promesas de Alberto Fernández en dos años de mandato - TN - Todo Noticias

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Alberto Fernández cumple este viernes dos años de gestión. Hace 731 días, ante la Asamblea Legislativa, daba un primer discurso como Jefe de Estado cargado de promesas: unidad, recuperación económica, respecto a los derechos humanos, igualdad de género, entre otras. TN consultó a diversos expertos para conocer su opinión hoy, exactamente dos años después de esas promesas.
Pasada la campaña del 2019 y pasada la elección, Alberto Fernández se presentaba a sí mismo como el Presidente que “uniría a todos los argentinos”, más allá de las banderas políticas. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina, en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social, que sea fraterno y solidario”, dijo en su discurso de asunción.
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El ensayista y analista político Alejandro Katz considera que hay dos formas de analizar esa frase presidencial: qué es lo hizo Alberto Fernández en estos dos años para cumplir y en qué medida tuvo resultados.
“El presidente no actuó en modo alguno para cumplir esa promesa. Es más: incluso desperdició un escenario que ofrecía una ocasión única para avanzar en su promesa. La pandemia era la oportunidad de cesar con la polarización. La sociedad -la dirigencia política, económica y social también- hizo saber su disposición a deponer las armas, y el Presidente, que primero pareció entender ese mensaje, rápidamente lo abandonó para retomar el discurso confrontativo”, señala Katz.
“Respecto de la unidad de toda la Argentina resulta hoy, a la luz de estos dos años de Gobierno, más una amenaza que una aspiración noble. En la mentalidad presidencial la unidad no significa unidad en la diversidad sino unanimidad y exclusión de la diferencia. La unidad nacional podría ser una aspiración si con esa expresión quisiera designarse la construcción de una comunidad política plural, múltiple y sin hegemonía. Evidentemente, no es esa la idea que guía el discurso presidencial”, agrega.
En su discurso del 10 de diciembre del 2019, Alberto Fernández dedicó un amplio espacio a detallar la “herencia recibida”: inflación de 50%, alta desocupación, pobreza del 50% entre los chicos, miles de empresas cerradas.
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“La Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya, una Argentina en donde haya sentidos para producir y no para especular, una Argentina con una visión de proyecto nacional de desarrollo en el cual la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios basados en el conocimiento, las pymes, las economías regionales y el conjunto de actividades productivas sean capaces de agregar valor a nuestras materias primas para exportarlas y potenciar un robusto mercado interno”, dijo el Presidente.
Dice el economista Fausto Spotorno, en diálogo con TN: “La frase del Presidente es muy loable. A grandes rasgos estamos todos de acuerdo: el objetivo de la Argentina tiene que ser estimular las exportaciones, porque es lo que va a permitir que el país genere divisas, crezca más rápidamente y acceda a un mercado global”.
Sin embargo, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, advierte: “Lo criticable es que el accionar del Gobierno termina siendo completamente diferente a lo que esta frase implicaba. Mantener el cepo cambiario y la brecha es un gran castigo al exportador. Un exportador termina recibiendo hoy la mitad de un dólar verdadero, que es el de mercado, y menos si se tienen en cuenta los altos costos tributarios que nos hacen perder competitividad con el resto del mundo”, sostiene.
“Entre los altos impuestos que tiene Argentina y la brecha cambiaria, el estímulo a dedicarse a la exportación es muy bajo y está claramente lejos de la línea que planteó el Presidente”, concluye.
Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y justificar las muertes por la espalda”, dijo Alberto Fernández en su asunción presidencial y prometió defender los Derechos Humanos.
El viernes 17 de diciembre, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dará a conocer las cifras actualizadas de personas asesinadas por el gatillo fácil, la tortura y otras modalidades a causa de la violencia policial e institucional. El informe, anticipa la titular de la Correpi María del Carmen Verdú, inicia con la frase presidencial.
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“Cuando el Presidente dijo eso y la y la ministra Sabina Frederic cumplió algunos de nuestros reclamos, con la derogación de los “protocolos Bullrich”, lo celebramos, pero dijimos que no alcanzaba. Ya había fuertes contradicciones en el FdT, como la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad bonaerense, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales o la resolución sobre ciberpatrullaje”, señala Verdú.
La titular de la Correpi recuerda que durante la pandemia del Covid “se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas con la excusa del control de la circulación”, cuyo resultado fue “más hostigamiento, detenciones arbitrarias, aplicación de tormentos, desapariciones y gatillo fácil” y un “crecimiento brutal de muertes en cárceles y comisarías”
Verdú sostiene que se registraron 981 muertes a manos de las fuerzas de Seguridad en 2020 y 2021. “La vuelta de Aníbal Fernández al ministerio de Seguridad es un claro retroceso”, advierte.
El flamante Presidente advirtió en su primer discurso que la Argentina necesitaba “una política ambiental activa”. Necesitamos ordenar las condiciones para la conservación y uso racional de los recursos ambientales, de los bosques y la biodiversidad, de los humedales y los suelos, del mar y sus recursos”, dijo.
Jazmín Rocco Predassi, del equipo de Política Climática de la FARN, advierte que la Ley de Humedales todavía es una cuenta pendiente y que podría perder estado parlamentario si no se aprueba antes del 28 de febrero. Además, el Presupuesto 2022 destinaría apenas del 3% de lo dispuesto por ley para la protección de bosques nativos.
La especialista sostiene además que el sector hidrocarburífero se encuentra en pleno proceso de desarrollo. “Los combustibles fósiles tienen un gran potencial en convertirse en activos varados y su promoción va en contraposición con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París“ , dice y señala que las partidas presupuestarias destinadas al subsidio de combustibles fósiles representaron el 7% de los gastos totales del Estado el año pasado.
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“El ítem positivo del 2021 es la aprobación de la Ley de Educación Ambiental que busca promover la formación en temas ambientales el en ámbito formal (sistema educativo), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación)”, concluye.
En su discurso del 10 de diciembre del 2019, Alberto Fernández afirmó que buscaría reducir las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes. El Estado debe reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación”, sostuvo.
Natalia Gherardi es Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En diálogo con TN sostiene que “hubo un claro avance en la visibilización del tema de cuidado y el impacto que la ausencia de esas políticas tiene en la desigualdad de género. Se documentó la contribución que el trabajo no remunerado de cuidado que asumen principalmente las mujeres, hace a la economía del país”.
Sin embargo, advierte que “falta avanzar en el diseño e implementación concreta de políticas para redistribuir el cuidado, con mayor disponibilidad y accesibilidad a infraestructura de calidad en todo el país”.
“En relación con las violencias, el Ministerio de las Mujeres avanzó en algunas políticas que falta profundizar para lograr alcance federal. La erradicación de las violencias y poner fin a los femicidios son objetivos que requieren años y cambios estructurales”, sostiene.
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Finalmente, concluye, “la reforma de la ley de aborto estuvo ausente del discurso de asunción y sin embargo es probablemente el mejor logro de estos años: era un fuerte reclamo del movimiento feminista y que ha inspirado a toda la región”.
En los últimos dos años el Gobierno nacional envío numerosos proyectos de reforma judicial -de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal- pero, sin apoyo de la oposición, no logró convertir en ley ninguno. No le fue mal al kirchnerismo en términos judiciales: decenas de exfuncionarios dejaron la cárcel y Cristina Kirchner fue sobreseída en tres causas de corrupción.
“Queremos una Argentina donde se respeten hasta rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes”, había dicho Alberto Fernández en su primer discurso como Presidente.
Andrés Gil Domínguez forma parte del el consejo consultivo convocado por el Presidente para proponer reformas en el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. “Desde el punto de vista discursivo y de las intenciones y propuestas, el Gobierno de Alberto Fernández intentó tomarse en serio el tema de la Justicia y realizar reformas que eran necesarias”, afirma el constitucionalista.
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Sin embargo, advierte: “La deuda, a dos años de haber asumido, es que a pesar de existir un trabajo muy serio del Consejo, con distintas recomendaciones, no se ha generado ningún proyecto desde el poder ejecutivo que someta a un debate plural, con la oposición y el Poder judicial, para transformar la Justicia, cambiar la relación que tiene hoy la sociedad con la Justicia, y las respuestas eficaces que debe dar la Justicia”.
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