Un nuevo frente ambiental, el regreso de Daniel Scioli y el optimismo con el FMI - Clarín

Jueves, 06 de Enero de 2022
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Avant Premiere
El presidente Alberto Fernández junto a su pareja Fabiola Yáñez, en el festejo de fin de año.
Ignacio Zuleta
El armado del 2023 arranca con el espumante del día después. El gobierno abre el torneo este miércoles con la citación a los gobernadores para que escuchen a Martín Guzmán sobre las primicias del acuerdo con el FMI. El oficialismo confía en la solvencia de la bandera proselitista de la demonización del acuerdo de Macri con el FMI. La alzó en las elecciones de noviembre como herramienta mágica, pero le fracasó: pesó más en el público el rechazo a la forma y fondo de la lucha contra la peste Covid.
Que el Gobierno insista en esa bandera es un riesgo que revela que el cristinismo pesa más que las otras tribus en la agenda oficial. El asunto del FMI lo entienden pocos y está más ligado a los cantos de campaña estudiantil de los años ’70 del tipo “al fondo con el Fondo”, cuyo recuerdo hace lagrimear a algún@ veteran@. Los gobiernos están con el paso cambiado en sus relaciones con la sociedad, que resuelve mucho mejor los conflictos con mecanismos de mercado, como el voto.
En 2019 Cambiemos perdió las PASO y su estratego Jaime Durán Barba incluyó entre los errores de campaña haber alzado la bandera de que la Argentina podía terminar como Venezuela. Sirvió para la derrota en aquellas elecciones, según el documento “Después del tsunami”, que distribuyó el ecuatoriano. ¿No ha aprendido el Gobierno sobre la ineficacia del FMI como consigna? Los asesores creen que ayuda la demonización de la figura de Macri, pero sólo alcanza a las encanecidas mentes de dirigentes que conocen qué es el FMI. Los que sí entienden le quitan dramatismo a esa querella; saben que, aunque el FMI nos perdonase la huelga, la Argentina no solucionaría ninguno de sus problemas.
También es terreno resbaladizo ante la sociedad el desafío a los ambientalistas, en el mundo del Laudato Si. En Mar del Plata despunta una guerra ambiental, y el Gobierno debería tomar en cuenta que, en estos tiempos, las guerras ambientales las pierden los gobiernos. El ejemplo es Chubut, que debió desandar una ley minera que prohíbe determinados tipos de explotación. Los gobiernos se timbean recogiendo estos desafíos, cuando el medio ambiente y la seguridad son temas para que prosperen las oposiciones, no los gobiernos. Néstor Kirchner llevó a la presidencia una Secretaría de Medio Ambiente que estaba en Salud, en tiempos de Ginés. Con eso acercó el conflicto de las pasteras a la Casa Rosada, y sin ningún rédito. Peor aún, la secretaria que acercó Alberto Fernández en aquel tiempo terminó condenada por desmanejo de fondos (sí, Romina Picolotti). ¿Para qué acercase a esos fuegos? ¿Quizás por la confianza exagerada en que los problemas de este tipo se solucionan de palabra? Difícil que alguien los solucione. Son problemas con los que hay que convivir.
El oficialismo debe desandar una derrota pocas veces comparable en el pasado. El peronismo cayó como un piano desde una victoria contundente en 2019 a un cataclismo territorial que desautoriza toda la agenda de los dos primeros años de la presidencia albertista, que dura apenas cuatro. Las causas fueron: 1) la flojera de la gestión -la economía, la peste- y 2) la pelea interna entre los caciques del oficialismo. En la oposición, el vértigo del optimismo enrarece en clima en las alturas, donde los dirigentes disputan el control del no peronismo.
La pelea por la conducción, comprensible y esperable en una fuerza que tiene más futuro que pasado (como el peronismo tiene más pasado que futuro), resiente al conjunto. Juntos por el Cambio camina por el desierto en el peor momento de una agrupación política: los dirigentes identifican su suerte personal, pero se desentienden del destino colectivo. El cuentapropismo los deja sin estrategia, la que faltó en el trámite de Bienes Personales en las dos cámaras.
El desafío de la oposición para 2023 -modelo para armar-, es conseguir un comando que fije un estrategia sobre lo que le conviene al conjunto y no a los individuos que pelean por la cabecera de la mesa. Por ejemplo, en el debate sobre la reelección de intendentes y legisladores en la provincia de Buenos Aires. Sin esa referencia estratégica peligra la unidad, porque debe resistir la estrategia divisionista de un peronismo (también dividido) que fomenta una balcanización que le da poder a los jefes débiles.
Viene a la memoria el año 1994, cuando el radicalismo opositor sufría también una maniobra divisionista del peronismo de Menem, para debilitarlo y sancionar una reforma con reelección. Alfonsín pudo enfrentar esa maniobra porque era el jefe indiscutido del radicalismo, aunque le objetasen la reforma que ya había intentado antes con Antonio Cafiero en los años ’80, y que podía hacerse sin su participación. Unificó al partido y lo llevó al acuerdo sin que los dividiesen. Logró la reforma que quería a cambio de una reelección para Menem, que recontra pagó lo que aquella oposición demandaba. El resultado: en 1999, merced a esa reforma, el radicalismo volvió al poder con la Alianza.
Gerardo Morales ensaya un camino parecido. Estuvo en Mar del Plata y recorrió cuarteles de su partido – que conduce localmente Maxi Abad – y del PRO, al reunirse con Guillermo Montenegro y su gabinete de coalición. Dejó una minuta hiperactiva para el verano. Arranca el viernes 4 de febrero con una cumbre de la Mesa Nacional del partido; sigue el viernes 11 con un Foro de Intendentes; el jueves 17 con una reunión en Rosario de los bloques de senadores y diputados con la Mesa de Conducción y el viernes 18 con la Mesa de Cambiemos. El 25 de marzo está convocado el Congreso Nacional de la UCR, que sesionará en Córdoba y en abril un Congreso Nacional de Juntos por el Cambio.
El Gobierno actúa esta apertura del año con las puertas del Congreso entornadas. El Senado amenaza con reabrir el 15 de enero. Los senadores dudan porque, salvo que aparezca un proyecto de emergencia, no hay temas despachados. El más grande es Hidrocarburos, pero el proyecto del Gobierno es cuestionado por gobernadores y sectores del propio oficialismo. Encima, Alberto Fernández ya tuvo piquetes ambientalistas en Chapadmalal contra la resolución del ministro Juan Cabandié, que consintió que siga la exploración de hidrocarburos en los bloques geológicos del mar frente a Mar del Plata.
Ahí hay concesiones que vienen desde la era Galuccio en YPF, antes de 2015, y otras que habilitó el gobierno de Macri. Los ambientalistas denuncian que esas exploraciones pueden perjudicar a la fauna que transita de norte a sur por la corriente de Malvinas, que aprovecha un talud en donde hay colonias de todos los animales imaginables. La declaración ambiental fue respaldada por el secretario de Energía, Darío Martínez. Promueve la tarea en áreas de exploración offshore - CAN 100, CAN 108 (a 307 kilómetros frente a la costa) y CAN 114 (a 443 kilómetros) - ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, a cargo de la noruega Equinor, en sociedad con YPF y Shell.
El entuerto está llamado a escalar, porque el desarrollo del llamado clúster de energía de Mar del Plata fue apoyado por la actual diputada María Eugenia Vidal cuando era gobernadora. Pese a eso, el actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se ha puesto en contra, en defensa del perfil turístico de la ciudad. Los chats dentro de Cambiemos arden, e incluyen el audio del apoyo de Vidal al clúster energético, en el que se enfrenta ahora con Montenegro.
Lindo conflicto para un gobierno débil con sobredosis de accionistas con poder de veto. Esta semana desembarca en Mar del Plata Daniel Scioli, para entrevistarse con empresarios que exportan a Brasil. El embajador tiene en esa ciudad un santuario político que le sirvió para otras batallas. Esta vez no es (aún) candidato, pero su presencia anima el escenario – no se queda hasta el 13 de enero, día de su cumpleaños, que antaño congregaba a la política. Scioli ha logrado como embajador todo lo que podría sacarle la Argentina a Jair Bolsonaro, que mantiene una bronca sin solución con Alberto Fernández.
Uno de los proyectos que está en la carpeta de las relaciones con Brasil es el gasoducto que va de Vaca Muerta a Brasil. Scioli espera que este mes se licita el primer tramo de la obra, a inaugurar en 2023, que unirá el yacimiento fetiche de Vaca Muerta, con Saliqueló. De ahí conectará con las centrales térmicas argentinas y los brasileños deberán construir el tramo en su territorio. En el Gobierno hay diferencias sobre ese proyecto. Hay quienes sostienen que a Brasil hay que venderle electricidad, no gas, y que el gasoducto, demorado desde hace dos años en el ministerio de Guzmán, debería terminar en el lado argentino. Otros, que hay que venderle gas a Brasil.
El Banco Central tiene USD 44.000 millones inmovilizados en Leliq, y uno de los destinos de inversión de esa bocha de plata podría ser este gasoducto, que en el primer tramo cuesta algo así como USD 1.800 millones. Miguel Pesce entiende que es prioritario bajar la cuenta de gastos en importación de energía y aumentar las exportaciones. Tendrán que ponerse de acuerdo, algo siempre difícil en una Argentina que endiosa la intransigencia.
Creen en Olivos que el FMI mostrará este mes de enero un fixture según el cual el staff del organismo discutirá la letra fina del entendimiento, sobre un plexo de números e indicadores que comparte con los funcionarios argentinos. No son los del proyecto de presupuesto, porque son viejos, y los rectificarán como amigos. Después de todo, el cálculo de 2021 vaticinaba creer al 7% y se creció al 10%. Los baches por rellenar son los que se conocen: plazo de repago y sobre tasa, con los 4 años de gracia y, como pide el Fondo, proyecciones realistas, no como ocurrió con el acuerdo anterior.
Tengan un plan B y no aflojen el control a la circulación de los capitales, recomiendan en el informe sobre el préstamo al gobierno anterior, y que hoy se mira como una hoja de ruta para lo que se viene. Hay lecturas viscosas: el informe admite que fue laxo con Macri, o sea que promete más dureza con este gobierno. El reproche del organismo es a la trampa del optimismo, simulado o no, de las proyecciones criollas. Es un dilema de siempre cuando se discute con “forecasters”, o agoreros de la política y la economía.
El politólogo Philip E. Tetlock dedicó un libro a estudiar los pronósticos durante dos décadas, y concluyó que las predicciones de los expertos en el largo plazo son tan certeras como un chimpancé tirando al blanco (habla del "dart-throwing chimp"). En el plazo que analizó dice que el promedio de eficiencia no es superior al de un periodista o un buen lector de diarios (“Superforecasting: The Art and Science of Prediction”, 2015).
La cita con los gobernadores busca respaldo genérico en un trajín más que complejo: sólo habrá luz amarilla cuando viaje una misión del FMI a la Argentina; Guzmán tiene tabicada la relación con los funcionarios del FMI, a quienes les tiene prohibido que se entrevisten con funcionarios argentinos. Nadie entiende cómo tramitará el Gobierno una aprobación de un acuerdo.
¿Alguien imagina a un opositor votando a favor de un entendimiento alcanzado por Alberto? ¿Alguien imagina a alguno de los gurkas cristinistas, como el infante Maxi, aprobando alguna cláusula decidida en Washington por un funcionario de la plutocracia? Fantasías veraniegas, que nacen de la calenturienta demanda de Guzmán en 2019 de que el acuerdo lo aprobase el Congreso.
Es algo tan raro como ese argentinismo de la segmentación de tarifas: cobrar la luz por la cara del cliente y porque a otro le tiene que salir más barata. El encuentro del miércoles sigue a la firma del consenso fiscal, que tranquiliza la recaudación, amenazada por el traspié en la sanción de Bienes Personales, que el peronismo salvó en tiempo de descuento. El final de esa trama navega en tribunales, por el recurso de amparo que presentó la oposición. Los abogados discuten si existe un juez que haga caer un impuesto porque el número se logró 8 minutos más tarde. Salvo que algún otro recurso agregue argumentos más contundentes. Por ejemplo, si es legal que Bienes Personales, que estaba incluido en el Presupuesto que se cayó, puede ser repuesto en una ley aparte.
La Constitución dice que un proyecto rechazado no puede volver a ser tratado. Acá el Gobierno usó otra ley para meter un pedacito del presupuesto caído (Artículo 81°: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, etc.”).
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