Puerto de Salina Cruz, con mayor riesgo de corrupción en compras públicas: IMCO - Milenio

La administración del puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, es la institución federal con mayor riesgo de corrupción, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), debido a que el único contrato que firmó durante 2020, por 4 mil millones de pesos, fue el cuarto de mayor monto en todo el país, que fue adjudicado de manera directa y sin licitación.
De acuerdo con el estudio del IMCO, denominado Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), que evalúa las compras públicas realizadas por el gobierno federal durante 2020, la Administración Portuaria Integral (API) Salina Cruz, junto con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), se encuentran en rango de mayor puntaje en la falta de competencia, debido a la ausencia de concursos en las compras públicas de muy altos montos realizadas durante 2020.
La API Salina Cruz gastó 4 mil millones de pesos, de los cuales, el 99 por ciento fue adjudicado directamente, de acuerdo con el ranking del IMCO. Por su parte, Birmex gastó más de 3 mil millones de pesos y 98 por ciento de este monto fue adjudicado por procesos de excepción, adjudicación directa e invitación restringida.
El caso de la API Salina Cruz destaca porque adjudicó directamente el único contrato de obra pública que firmó, y que publicó en CompraNet, el cual es el cuarto más grande por adjudicación directa publicado en la plataforma durante 2020.
Éste fue por 4 mil millones de pesos y tuvo como objetivo la conclusión del rompeolas en el puerto Salina Cruz.
En 2019, la API de Salina Cruz obtuvo un puntaje en el IRC de 37 de 100 puntos y se encontraba en la categoría de gasto bajo, ya que el monto total destinado a compras públicas fue de 72 millones de pesos, pero en 2020 aumentó el gasto en compras y el riesgo de corrupción.
Otros resultados que destaca el estudio del IMCO son que la Secretaría de Marina asignó 96 por ciento del monto a procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (24 por ciento).
El IMCO también lamentó que no fuera posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), porque desde 2015 las contrataciones realizadas por dichos entes públicos no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
Por otra parte, destacó que, en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) gastó 99.7 por ciento del monto de compras públicas por procesos de licitación pública, y el cien por ciento de sus licitaciones cuenta con los documentos publicados.
El Inegi es la tercera institución con menor puntaje en el IRC, después de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas).

​LP
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